A 1 año de la Ley de Transparencia (parte I)

6723 lecturas

Hace algunos días, Vota Inteligente realizó un webinar en relación al primer aniversario de la promulgación de la ley Chilena 20.285, más conocida como ley de transparencia. Este artículo esta dividido en 2 partes: En la primera les cuento un poco lo que escuché así como mis impresiones acerca de la evaluación hecha por el gobierno.

¿Qué es la ley de transparencia?

Primero, es necesario entender de donde viene esta ley y a quienes afecta: Siguiendo una tendencia mundial, la ley de transparencia es parte de la agenda de transparencia impulsada por el gobierno de Michelle Bachellet (ex-presidenta de Chile), para promover la idea de probidad y transparencia en el gobierno. Felipe Heusser, director de Vota Inteligente, explicó que esta ley cubre al poder ejecutivo, parcialmente al legislativo y deja por fuera al poder judicial.

Acceso a la información

La ley establece que cualquier persona puede solicitar información a cualquier servicio de gobierno, ya sean actas, resoluciones, contratos, etc. Estas solicitudes deben ser resueltas en un plazo máximo de 20 días hábiles.

Particular atención merece el artículo 12 de la ley que establece que la solicitud de acceso...

...será formulada por escrito o por sitios electrónicos y deberá contener:
a) Nombre, apellidos y dirección del solicitante y de su apoderado, en su caso.
b) Identificación clara de la información que se requiere.
c) Firma del solicitante estampada por cualquier medio habilitado.
d) Órgano administrativo al que se dirige.

La pregunta lógica es porqué es necesario entregar información personal (como la firma y al dirección!) al momento de realizar la solicitud. Según mi punto de vista, no debería pedirse nada más allá de algún medio de contacto (teléfono, email, etc..)

Otro punto importante que mencionaba Felipe Heusser es el riesgo de denegar acceso a la información basado en las justificaciones de Art. 21 punto 1c, donde se establece que se podrá denegar el acceso a la información cuando esta sea referida "a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales."

¿Qué significa "distraer indebidamente"? no es claro y se puede prestar para mucho. Afortunadamente, no parece ser que esta razón se haya usado para denegar el acceso de información.

Transparencia activa

La ley define asimismo la transparencia activa, donde se obliga a los organismos del poder ejecutivo a publicar (y actualizar al menos 1 vez al mes) información relevante a la organización (estructura orgánica, facultades, planta de personal, etc.) así como las actividades realizadas (resoluciones, presupuesto y transferencias de fondos, entre otros).

En particular, la ley de transparencia expresa que la información...

...deberá incorporarse en los sitios electrónicos en forma completa y actualizada, y de un modo que permita su fácil identificación y un acceso expedito.

Evaluación de la Ley de Transparencia

¿Quienes reciben más solicitudes?




Analizando el reporte anual de la ley llaman la atención varias cosas: Primero, por alguna razón, hay varias partes del informe que no se ven correctamente. Imagino que esto es más un problema técnico que el intento de ocultar algo (mal que mal, es un informe sobre transparencia).
Actualización: Me cuentan que los problemas con el informe al parecer están relacionados con el visualizador de PDF de Mac y no sería un problema del documento en sí.




Más importante que eso, es el número constante (aprox. 3000 por mes) de solicitudes de información. Yo habría esperado una "explosión" al poco tiempo de haber sido promulgada la ley, seguida de una baja. Quizás con más datos podamos identificar ciertas tendencias estacionales que no se pueden concluir de los datos actuales. Asimismo, es posible que la última elección presidencial y parlamentaria haya afectado el número de solicitudes (por ejemplo, en Octubre), pero esto es sólo una hipótesis.





Otro aspecto interesante es que la mayoría de las solicitudes están dirigidas hacia lo que llaman "ministerios sociales", en contraste con los ministerios económicos y políticos. La mayor cantidad de solicitudes fueron dirigidas a la Dirección del Trabajo (parte del Ministerio del Trabajo), Carabineros (parte del Ministerio de Defensa) y la Subsecretaría de Educación (parte del Ministerio de Educación). Esto podría suponer que la gente está más interesada en usar la información de gobierno que es relevante en su vida diaria, más que en hacer un análisis de probidad o chequeo de las políticas públicas (aunque esto último es sólo una hipótesis).









¿Quiénes solicitan datos?

Algo que me llamó la atención es el apartado con las características demográficas de los solicitantes. Entendiendo que por ley no pueden pedir información acerca de los usuarios. Asumo que los datos obtenidos vienen de una encuesta voluntaria (el informe no da detalles, o son ilegibles como mencioné anteriormente).

Hay algunas cosas esperables (como que casi todos los solicitantes son chilenos), mientras que otras llaman la atención: Casi la mitad de las personas que solicitaron información tiene entre 30 y 49 años. Habría sido interesante normalizar por el tamaño de la población de cada segmento etario para tener una idea de qué grupo hace más solicitudes per capita.






Otro punto interesante es que 2/3 de los solicitantes son hombres. No me queda claro por qué esto es así.





Una buena parte de los solicitantes resultó ser estudiantes (21.65%), seguido estrechamente de trabajadores asalariados (19.89%) e independientes (10.90%) y funcionarios públicos (10.15%).




Conclusión

Según Felipe (y otra gente a la que he escuchado) la ley ha funcionado bien, a pesar de sus falencias. Aunque los datos duros como los entregados en el reporte anual siempre se agradecen, quedan preguntas sin resolver. Algunas que se me ocurren en este momento:

  • ¿El actual número de solicitudes (3000 al mes) puede considerarse "mucho" o "poco" para una población como la de Chile?
  • ¿Hay alguna forma de considerar métricas sobre la transparencia activa? Imagino que el número de descargas de los archivos publicados puede dar una buena primera idea de (1) cuales son los datos más interesante para la gente y (2) cuanto es la real demanda por datos gubernamentales (esto es Transparencia Activa + Solicitud de Información). Ciertamente técnicas de webmining pueden eventualmente ayudar a contestar estas preguntas.
  • Un factor para establecer cuan "transparente" es una institución podría ser determinar qué publica: Se puede suponer que mientras más información sea pública, mayor es la intención del organismo por buscar transparencia. Asimismo, sospecho que mientras exista mayor cantidad de información disponible en la Web, disminuirán los costos de solicitud de información (dado que es más probable que la respuesta sea "eso ya está disponible en nuestra Web" en vez de responder una a una solicitudes muy similares.
  • ¿Porqué hay mucho menos solicitantes mujeres que hombres?
  • ¿Cómo es posible establecer la calidad de los datos publicados? Ciertamente se requiere un mínimo de calidad y no subir cualquier cosa. Esto, según entiendo, es supervisado por la comisión de Probidad y Transparencia, aunque no tengo claro hasta que punto.

En la segunda parte de este artículo, revisaré que es lo que (en mi humilde opinión) falta para mejorar la situación actual.

Imágenes: Daniel Roseca y reporte anual de la Ley de Transparencia 2009.

Foto de Alvaro

— PhD en Ciencias Cognitivas e Investigador en temas de Open Data, Visualizaciones, Web Semántica, eScience y Web Science. Ingeniero civil en computación. Más información »