Chile en el e-Gov Survey 2010: Nada demasiado nuevo bajo el sol

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URL destacada (unpan1.un.org): http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan038851.pdf

Si tuviéramos un ministro de ciencia y tecnología que tuviera que reportar privadamente al presidente el avance de nuestro país en los ránkings internacionales de gobierno electrónico (entre los cuales está el recientemente publicado e-Gov Survey 2010 de las Naciones Unidas), no podría reportar otra cosa que cinco palabras: nada nuevo bajo el sol. Nuestro país está en el lugar 34 de 192 en el World E-Gov development ranking, habiendo estado 40 en 2008. Esto no supone un avance tremendo: hemos avanzado en poner más sitios Web en línea, pero no hemos hecho avances importantes en sitios Web transaccionales o en aumentar nuestro capital humano.

En este post quisiera hablar de los hallazgos generales del estudio, sin mencionar directamente a Chile. En un próximo post analizaré la posición de Chile dentro del estudio, y los desafíos que tenemos para el futuro.

Resultados generales de la encuesta 2010

Una de las cosas interesantes de la encuesta e-gov de este año es que, si la palabra clave en las ediciones anteriores era “e-readiness” (es decir, qué tan listo puede estar un país para introducir tecnología), la palabra clave en esta edición es “desarrollo”. La crisis económica mundial ha obligado a considerar el e-gov en el contexto del desarrollo económico y social de los países de una manera más fuerte que en años anteriores, si cabe. En términos del documento, esto se ve reflejado en los primeros 3 capítulos dedicados a la crisis económica y financiera mundial y a cómo el e-gov puede ayudar a mitigar o controlar sus efectos.

En países desarrollados el acceso on-demand a servicios de información de gobierno ya no es visto como tecnología de punta, sino como la norma por una población técnicamente cada vez más sofisticada. Esta tendencia se da fuertemente en países desarrollados con laptops y netbooks, y con menos fuerza en países en desarrollo con PDAs y teléfonos inteligentes. Según el estudio, la suscripción a teléfonos móviles ha aumentado exponencialmente en países en desarrollo en los últimos 10 años (aunque algunos gráficos en el mismo documento (p. 52) son menos optimistas), pero “la mayoría de los gobiernos no ha hecho uso de esta tecnología en la provisión de servicios públicos” (p. 3).

El desarrollo en e-gov es, por el contrario, “un sueño distante” para países menos desarrollados debido al “costo de la tecnología, falta de infraestructura, capital humano y un sector privado débil” (p. 4). Lo que usualmente se da en estos países es una serie de proyectos aislados que mueren una vez consumido sus presupuestos aprobados. Algunas excepciones notables son Bangladesh y Etiopía en educación, y Ruanda en servicios de salud provistos a través de celulares.

Otra observación interesante (pero de ninguna manera novedosa) es que los usuarios han sido poco consultados sobre su percepción de los servicios de e-gov. El objetivo de muchos proyectos de e-gov ha sido automatizar servicios clave para el gobierno (como la recolección de impuestos y el procesamiento de beneficios sociales), pero sin ningún feedback de los supuestos beneficiarios de estos programas. Las encuestas muestran que los usuarios prefieren servicios personalizados y localizados, lo que implica cooperación entre instituciones, reorganización del back-office y reubicación y reorganización de las funciones del personal, lo que frecuentemente no es considerado un requisito para proyectos de e-gov.

La participación ciudadana está todavía en pañales. Muchos gobiernos incluyen encuestas y formularios de feedback en sus sitios Web, pero esto está lejos de realmente involucrar al ciudadano dentro de la evaluación de proyectos y de sus resultados, o de la fiscalización activa de las iniciativas emprendidas por las oficinas gubernamentales. Los países con mayor desarrollo en esta área son Australia, Bahrain, Canadá, Corea del Sur, Kazajistán, Singapur, el Reino Unido y Estados Unidos.

La carencia de recurso humano calificado sigue siendo la principal dificultad que enfrentan los países en vías de desarrollo, donde la falta de profesionalización del sector público, y salarios más altos en el sector privado actúan como desincentivos para trabajar en el gobierno.

Falta de confianza en el gobierno y en el sector privado

Debido a la crisis económica internacional de los últimos años, la mayor parte de los países desarrollados ha tenido que inyectar capitales en sus sectores financieros para estabilizar los mercados y evitar el desplome de las economías internas. Hacia Octubre de 2009, el gasto público comprometido por alrededor de 50 países para estos fines era de US$20 trillones (un tercio del producto neto mundial). Esto ha provocado (al menos en las encuestas) un descenso en la confianza del ciudadano tanto en los aparatos gubernamentales como en las instituciones financieras, debido en parte a lo árido de los temas y a la falta de preparación del ciudadano en temas económicos.

El estudio describe algunos de los 115 sitios web creados para ofrecer información en línea que permita a los ciudadanos rastrear geolocalizadamente la eficiencia en el uso de los recursos anteriores. Esto agrega una dimensión de transparencia y de fiscalización por parte del ciudadano que antes no existía, y que no solo empodera al ciudadano sino que lo educa y lo transforma en un ciudadano más informado e interesado en las iniciativas gubernamentales de las cuales es beneficiario (o víctima).

Una afirmación importante del estudio es que existe mucha evidencia acumulada de que las políticas de transparencia en línea tienen beneficios que superan largamente los costos de implementación, beneficios que incluyen el aumento de la “disciplina fiscal” y la disminución de gastos innecesarios (p. 12). Se menciona como ejemplo el caso del sitio Web de transparencia del estado de California, que costó US$21.000 y que tiene un costo anual de operación de US$40.000. Los ciudadanos pueden reportar gastos innecesarios hechos por oficinas del gobierno estatal, y en pocos meses de operación se reportaron ahorros por más de US$20 millones.

Este es un uso de la transparencia para el que Chile está perfectamente preparado. Pensemos por ejemplo en el concurso para reportar y encontrar “el evento (agujero en el pavimento) del bicentenario”. La gente reporta con fotografías los agujeros en un camino público, y se escoge el mayor o más peligroso. ¿Podría el Ministerio de Obras Públicas usar esa información para alimentar un GIS que permitiera optimizar el siempre reducido gasto fiscal en reparación de las vías públicas? Técnicamente es posible, por supuesto. Verónica está trabajando con académicos de CMU y con autoridades locales para desarrollar un sistema para el Estado de Pennsylvania que permita generar este espacio virtuoso de fiscalización ciudadana sobre las rutas públicas.

Otra observación interesante del estudio (aunque tampoco novedosa) es que una de las mayores debilidades del e-gov es la falta de interconexión o interoperatividad, y como una de las condiciones para que esto se dé es la publicación de los datos (junto con su estructura) por parte de las oficinas de gobierno. El no publicar los tipos de datos que maneja cada oficina de gobierno acerca del ciudadano y su quehacer es como jugar al póker. ¿Le gustará al ciudadano que las oficinas de gobierno jueguen póker con sus datos?

Como punto final, me parece importante destacar las varias páginas dedicadas a los datos abiertos (open data) y a su economía (materializada magistralmente en el sitio norteamericano http://data.gov). Esto representa una oportunidad para involucrar al sector privado en la provisión de servicios al ciudadano, al combinar los datos que el sector público disponibiliza a través de (por ejemplo) web services. ¿Porqué no? Muchas veces el sector privado es más eficiente que el público en prestar ciertos servicios. Siempre que no existan barreras de entrada artificiales para usar y combinar estos servicios de maneras novedosas, no deberíamos temer altos precios de privados al ofrecer servicios públicos. Según el estudio, existe evidencia anecdótica de que la demanda privada por los datos manejados por el gobierno es lejos mucho mayor que la oferta disponible.

Fuente imágenes: propias, New York State Capitol en Albany, New York.

Foto de Tama

— Ingeniero Civil en Computación, Universidad de Chile. Doctor en Ingeniería y Políticas Públicas, Carnegie Mellon University. +Más información »