Principios de Manila sobre responsabilidad legal de intermediarios en Internet

Principios de Manila sobre responsabilidad legal de intermediarios en Internet

Jueves 2 Abr 2015

Los Principios de Manila son el resultado de una discusión amplia de organizaciones por los derechos de los usuarios de Internet. Incluye entre sus signatarios a la chilena Derechos Digitales y la colombiana Fundación Karisma.

Todas las comunicaciones a través de Internet son facilitadas por intermediarios, como proveedores de acceso a Internet, redes sociales y motores de búsqueda. Las políticas que rigen la responsabilidad legal de los intermediarios para el contenido de estas comunicaciones tienen un impacto en los derechos de los usuarios, incluida la libertad de expresión, la libertad de asociación y el derecho a la privacidad.

Con el objetivo de proteger la libertad de expresión y la creación de un entorno propicio para la innovación, que equilibre las necesidades de los gobiernos y otras partes interesadas, grupos de la sociedad civil de todo el mundo se unieron para proponer este marco de garantías de referencia y buenas prácticas. Estos principios se basan en instrumentos internacionales de derechos humanos y otros marcos jurídicos internacionales.

1. Los intermediarios deben estar protegidos por ley respecto a su responsabilidad por los contenidos de terceros

  1. Cualquier norma relativa a responsabilidad de los intermediarios deben ser provista por una ley, que debe ser precisa, clara y accesible.
  2. Los intermediarios deben ser inmunes a la responsabilidad sobre el contenido de terceros, en todas las circunstancias en que no estén involucrados en la modificación de ese contenido.
  3. Los intermediarios no deben ser considerados legalmente responsables por no restringir contenido legal.
  4. Los intermediarios nunca deben hacerse estrictamente responsables del alojamiento de contenidos ilegales de terceros, ni deben ser obligados a monitorear el contenido de forma proactiva como parte de un régimen de responsabilidad de los intermediarios.

2. No se debe obligar a restringir un contenido sin una orden de una autoridad judicial

  1. Los intermediarios no deben estar obligados a limitar un contenido, a menos que una orden sea emitida por una autoridad judicial independiente e imparcial que determine que el material en cuestión es ilegal.
  2. Las solicitudes de restricción de contenidos deben:
    1. Proporcionar una determinación de que el contenido es ilegal en la jurisdicción.
    2. Indicar el identificador en Internet y la descripción del contenido ilegal.
    3. Proporcionar pruebas suficientes para documentar la base jurídica de la orden.
    4. Cuando sea el caso, indicar el período de tiempo durante el que el contenido debe ser restringido.
  3. Cualquier responsabilidad impuesta a un intermediario debe ser proporcional y directamente co-relacionada con el comportamiento ilícito del intermediario si éste no cumple debidamente con la orden de restricción de contenido.
  4. Los intermediarios no deben ser responsables por el incumplimiento de cualquier orden que no cumpla con este principio.

3. Las solicitudes de restricciones de contenido deben ser claras, no ambiguas, y seguir el debido proceso

De acuerdo con el Principio II, los intermediarios no deben estar obligados a limitar un contenido sin una orden de una autoridad judicial. En el caso de que los gobiernos o denunciantes privados soliciten restricciones de contenido, se aplican los siguientes principios.

  1. Los intermediarios no deben estar obligados a evaluar sustantivamente la legalidad de los contenidos de terceros.
  2. Una solicitud de restricción de contenidos ilegales debe, como mínimo, contener lo siguiente:
    1. El fundamento jurídico de la afirmación de que el contenido es ilegal.
    2. El identificador de Internet y la descripción del contenido presuntamente ilícito.
    3. La consideración prestada a las limitaciones, excepciones y defensas disponibles para el usuario que provee el contenido.
    4. Datos de contacto del solicitante o su agente, a menos que ésto sea prohibido por la ley.
    5. Pruebas suficientes para documentar la capacidad legal para emitir la petición.
    6. Una declaración de buena fe de que la información proporcionada es exacta.
  3. Las peticiones de restricción de contenido relativas a las políticas de restricción de contenido de un intermediario deberán, como mínimo, contener lo siguiente:
    1. Las razones por las cuales el contenido en cuestión está en violación de las políticas de restricción de contenido del intermediario.
    2. El identificador de Internet y la descripción de la presunta violación de las políticas de restricción de contenido.
    3. Datos de contacto del solicitante o su agente, a menos que ésto sea prohibido por la ley.
    4. Una declaración de buena fe de que la información proporcionada es exacta.
  4. Los intermediarios que alojen contenido pueden ser requeridos por la ley para responder a a las solicitudes de restricción de contenido respecto a un contenido ilegal, sea reenviando el requerimiento al usuario que provee el contenido, o notificando al solicitante la razón por la cual no es posible hacer esto ("notificar y notificar"). Los intermediarios no deberían estar obligados a asegurar que tengan la capacidad de identificar a sus usuarios.
  5. Al reenviar la solicitud, el intermediario debe dar una explicación clara y accesible de los derechos del proveedor de contenido de usuario, incluyendo en todos los casos en que el intermediario está obligado por la ley para restringir el contenido, de la descripción de los mecanismos disponibles para una contra-notificación o apelación.
  6. Si los intermediarios restringen los contenidos alojados por ellos sobre la base de una solicitud de restricción de contenido, deben cumplir con el Principio VI en la transparencia y la rendición de cuentas a continuación.
  7. Las peticiones de restricción de contenido abusivas o de mala fe deben ser penalizadas.

4. Las leyes y las prácticas sobre órdenes de restricción de contenidos deben cumplir con los criterios de necesidad y proporcionalidad

Las leyes y las prácticas sobre restricciones de contenido deben ser necesarias y proporcionadas en una sociedad democrática:

  1. Cualquier restricción de contenido debe limitarse a los contenidos específicos en cuestión.
  2. Cuando se restringe contenido, los medios técnicos menos restrictivas deben aplicarse.
  3. Si el contenido está restringido porque es ilegal en una región geográfica determinada, y si el intermediario ofrece un servicio geográficamente variado, el ámbito geográfico de la restricción de contenido debe ser a su vez limitado.
  4. Si el contenido está restringido debido a su ilegalidad por un tiempo limitado, la restricción no debe durar más allá de ese tiempo, y la orden de restricción debe ser revisada periódicamente para asegurarse que sigue siendo válida.

5. Las leyes y políticas de restricción de contenidos y prácticas deben respetar el debido proceso

  1. Antes de que cualquier contenido sea restringido sobre la base de una orden o una solicitud, el intermediario y el proveedor de contenido de usuario deben ser provistos de un derecho real a ser oídos, salvo en circunstancias excepcionales, en cuyo caso una revisión post facto de la orden y de su aplicación deben tener lugar tan pronto como sea posible.
  2. Cualquier ley aplicable a intermediarios debe proporcionar a los usuarios que proveen el contenido y a los intermediarios el derecho a apelar contra las ordenes de restricción de contenido.
  3. Los intermediarios deben facilitar a los proveedores de contenido de usuario los mecanismos para revisar las decisiones de restringir el contenido que se encuentre en violación de las políticas de restricción de contenido del intermediario.
  4. En caso de que un proveedor de contenido de usuario gana una apelación bajo (b) o el examen previsto en (c) en contra de la restricción de contenido, los intermediarios deben restaurar el contenido.
  5. Un intermediario no debe revelar información de identificación personal acerca de un usuario sin la orden de una autoridad judicial. Un régimen de responsabilidad de los intermediarios no debe requerir que un intermediario revele información de identificación personal del usuario sin la orden de una autoridad judicial.
  6. En la elaboración y aplicación de sus políticas de restricción de contenido, los intermediarios deben respetar los derechos humanos. Del mismo modo, los gobiernos tienen la obligación de asegurar que las políticas de restricción de contenido por intermediarios respeten los derechos humanos.

6. La transparencia y la rendición de cuentas deben ser incorporados en las leyes y prácticas sobre políticas de restricción de contenidos

  1. Los gobiernos deben publicar todas las leyes, políticas, decisiones y otras formas de regulación correspondientes a la responsabilidad de los intermediarios, en línea, de forma oportuna, y en formatos accesibles.
  2. Los gobiernos no deben utilizar medidas extrajudiciales para restringir contenidos. Esto incluye presiones colaterales para forzar cambios en los términos de servicio, promover o hacer cumplir las denominadas prácticas "voluntarias" y asegurar acuerdos que restrinjan el comercio o restrinjan la difusión publica de contenidos.
  3. Los intermediarios deben publicar sus políticas de restricción de contenidos en línea, en un lenguaje claro y en formatos accesibles, y mantenerlas actualizadas a medida que evolucionan, y notificar a los usuarios de cambios cuando corresponda.
  4. Los gobiernos deben publicar informes de transparencia que proporcionen información específica sobre todos los pedidos de restricción de contenido y las solicitudes emitidas sobre los mismos hacia los intermediarios.
  5. Los intermediarios deben publicar informes de transparencia que proporcionen información específica sobre todas las restricciones de contenido adoptadas por el intermediario, incluidas las medidas adoptadas basadas en solicitudes del gobierno, órdenes judiciales, solicitudes de querellantes privados, y la aplicación de políticas de restricción de contenido.
  6. Cuando el contenido se ha restringido en un producto o servicio del intermediario que le permite mostrar una notificación o aviso cuando se intenta acceder a ese contenido, el intermediario debe mostrar un aviso claro que explique qué contenido se ha restringido y por qué razón.
  7. Los gobiernos, los intermediarios y la sociedad civil deben trabajar juntos para desarrollar y mantener mecanismos de supervisión independientes, transparentes e imparciales para garantizar la rendición de cuentas de las políticas y prácticas sobre restricción de contenido.
  8. Los marcos legales de responsabilidad de los intermediarios y la legislación deben requerir una revisión regular y sistemática de las normas y directrices para asegurarse de que estén al día, sean efectivas y no resulten excesivamente onerosos. Dicha revisión periódica debe incorporar mecanismos para recolectar evidencia sobre su implementación e impacto, y también proporcionar lo necesario para una revisión independiente de sus costos, beneficios demostrables y su impacto sobre los derechos humanos.

Fuente: Manila Principles.