Iniciativas de autoridades sobre software libre


Este programa forma parte del podcast Cultura Libre.

Iniciativas de autoridades sobre software libre

Miércoles 13 Jul 2011

En capítulos anteriores hablamos sobre los dos primeros flujos en el modelo de Kingdon: problemas y políticas públicas. El tercer flujo es la elección de autoridades — en este capítulo revisamos qué políticas públicas relacionadas con el software libre han sido propuestas por las autoridades en Chile.

Guión

En capítulos anteriores hablamos sobre los dos primeros flujos en el modelo de Kingdon: problemas y políticas públicas. El tercer flujo, el de elección de autoridades, tiene mucha relación con el segundo. Una de las principales actividades políticas es la propuesta y consenso de leyes y regulaciones. Cuando un político hace campaña para ser elegido, genera una serie de propuestas de programa en las que hace uso (y frecuentemente abuso) de propuestas de leyes para lograr los objetivos por los que pretende ser elegido. ¿Ha habido iniciativas de política pública relacionadas con software libre en Chile? En mi opinión, sí, pero han estado marcadas más por intereses comerciales o mediáticos más que de realmente aportar al desarrollo de nuestro país. Veamos un ejemplo.

En Mayo de 2007, el entonces ministro de Economía, Alejandro Ferreiro, y el Director de Investigación y Estrategia de Microsoft, Craig Mundie, firmaron un “Acuerdo Marco de Colaboración” en que Microsoft entregaría al gobierno de Chile recursos para temas tan relevantes como capacitación, seguridad informática en el gobierno, y acceso tecnológico. La blogósfera de aquel entonces rechazó fuertemente el acuerdo, en particular lo que se relacionaba con el proyecto “Domicilio digital”, que fue interpretado como el compromiso del gobierno para entregar los datos de todos los chilenos, tal como los manejaba el Servicio de Registro Civil, a Microsoft, para la implementación de un servicio de email a través de la plataforma Microsoft Live.

El Ministerio de Economía publicó una aclaración el 25 de Julio de ese año, donde se aseguraba que “no habrá entrega alguna de datos ni a esta empresa ni a ningún otra”, y que el acuerdo “no altera la política de neutralidad tecnológica sostenida por el Gobierno, ni establece alianzas comerciales de ningún tipo con una empresa en particular”. Sin embargo, afirmaba también que “la colaboración entre los sectores público y privado, en el marco del respeto estricto de la ley, constituye una base indispensable para el progreso del país.”

En noviembre de 2008, el senador Alejandro Navarro incluyó una glosa en el proyecto presupuestario de la nación, que sería aprobada por 10 votos contra 4 en la cámara alta. 3 días después, la cámara baja rechazó por unanimidad la glosa completa donde la indicación estaba contenida, al parecer sin detenerse a analizar los detalles. Los entonces diputados Francisco Chahuán, Marta Isasi, Osvaldo Palma, Germán Becker, Ximena Valcarce, Fernando Meza, Alejandra Sepúlveda y Alberto Robles rechazaron así una indicación similar a un proyecto de acuerdo que ellos mismos habían propuesto un año antes. Más de alguno recordará el proyecto de acuerdo N°368, del 6 de junio de 2007, donde se solicitaba “implementar en Presidencia, Ministerios y Servicios de la Administración del Estado el sistema de software libre“.

También en Noviembre de 2008, el entonces recién nombrado secretario ejecutivo de la Agenda Digital, Ernesto Evans, declaraba en una entrevista en el diario digital EMOL que la inclusión o no de software libre dentro del gobierno era “un tema de costo-beneficio. Si tengo una aplicación que me cuesta cero, pero su implantación y desarrollo es más caro que un software pagado, entonces hay que optar por el segundo. El software libre es un gran anhelo, pero hay que ver cuánta gente está capacitada para desarrollarlo, en qué áreas y cuál es su expertise. Repito: no puede ser un tema ideológico.”

Por aquel entonces yo había salido hace poco de mi trabajo en el desaparecido Proyecto de Reforma y Modernización del Estado. Durante ese tiempo tuve la suerte de poder trabajar en varios proyectos alentadores. Uno de ellos fue la licitación de una consultoría que entre otras cosas determinara si efectivamente la implementación de software libre era más cara que la de software propietario, y si existían personas capacitadas para desarrollarlo, como no creía Evans. Otro de los temas que debía investigar la consultoría era la posible existencia de impedimentos legales para el uso y desarrollo de software libre en el gobierno. El estudio fue desarrollado por Jens Hardings al alero de la Universidad Católica, y por esas ironías de la vida, fue presentado por el mismo Ernesto Evans. Al final de la presentación, Claudio Ruiz, abogado de Derechos Digitales que también participó en el estudio, dijo que no existía ningún impedimento legal ni constitucional para la adopción de software libre por la Administración Pública chilena, salvo en el caso que se optara por el software libre como regla exclusiva sin excepciones. En general, resumió el resultado del estudio con las siguientes palabras:

[Claudio Ruiz] Nosotros lo que hicimos fue plantear cuáles son las reglas del juego, cuáles son las [opciones] desde el punto de vista del gobierno. Y ahora lo que falta es que el gobierno haga una apuesta, en general que el Estado haga una apuesta de largo plazo sobre cuáles son las políticas públicas, o cuáles debieran ser las políticas que el Estado va a desarrollar, en qué va a invertir dinero para efectos de desarrollar una industria tecnológica. Eso es lo que falta hoy día.

Ruiz no se queja en vano. Para todos los que trabajamos en temas tecnológicos en Chile es evidente que nuestro país no tiene una estrategia tecnológica de largo plazo, ni siquiera una política consistente de corto plazo. De hecho, el largo promedio de una política tecnológica en Chile, desde que se promulga hasta que tácita o expresamente se cancela no ha sido superior a un año. La razón detrás de este problema: la falta de interés de las autoridades en tecnología. Ninguna de las autoridades en Chile ha estado realmente interesada en fomentar la tecnología, mucho menos el software libre. En el próximo capítulo exploraremos algunas de las cosas que como ciudadanos podemos hacer para cambiar este estado de cosas.

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Foto de Tama Cristian Bravo-Lillo @tamabravolillo Ingeniero Civil en Computación, Universidad de Chile. Doctor en Ingeniería y Políticas Públicas, Carnegie Mellon University. http://www.linkedin.com/in/cristianbravo