Entre 61 y 541 días de cárcel pide el representante de Andrónico Luksic (empresario chileno perteneciente a una de las familias con mayor fortuna del mundo) para el abogado chileno de 34 años Rodrigo Ferrari Prieto, acusándolo de suplantación de identidad. El caso comenzó en el 2011 cuando se presentó una demanda por tres cuentas de parodia en Twitter: @losluksic, @andronico_luksic y @luksic_andronico.
Aunque parezca increíble, Chile nombró a un fiscal para delitos de Alta Complejidad, que durante meses realizó gestiones a través de la Secretaría de Estado de EE. UU., que finalmente ordenó a Twitter entregar la dirección IP de quien supuestamente utilizaba estas cuentas. Con esa información, el fiscal solicitó al proveedor de Internet VTR que identificara a la persona a la que se había asignado esta dirección.
Comencemos por la mala. A pesar de la fuerte oposición de grupos representantes de usuarios de Internet como la estadounidense 
¿Suplantación de identidad? Por favor...
Tal vez han escuchado alguna vez hablar de la responsabilidad de los proveedores de Internet (ISPs), por ejemplo con el debate que está ocurriendo en Perú sobre la 
Más alternativas legales para desconectar usuarios y sitios. Más control sobre lo que puede o no circular por Internet. Más acceso de los gobiernos a las comunicaciones privadas. Más barreras al acceso a sitios webs en otros países. Todo esto discutido y decidido a puerta cerrada. Podemos 
Irán estaría pronto a lanzar su propio buscador (Fakhr) y servicio de correo (Fajr) con la idea de reemplazar (¿o competir?) con Google.
Que el poder del estado sólo es justificable y legal cuando emana de las personas que conforman una sociedad, es prácticamente un axioma en las democracias modernas. Sólo se puede gobernar con el consentimiento de los gobernados.
La ONG Derechos digitales ha lanzado la primera parte de su campaña "
Rusia tiene una nueva ley que crea una lista negra de sitios en Internet. Cada proveedor de Internet está obligado por ley a instalar equipamiento que permita al gobierno mantener una lista de sitios que los rusos no podrán acceder en Internet. La ley permite el bloqueo mediante nombres de dominio y direcciones IP, y crea un registro de recursos que no pueden ser publicados.
