Actualmente más de 5 mil millones de personas viven en un país que tiene alguna legislación sobre "libertad de la información" (freedom of information). Este tipo de ley obliga a los gobiernos a entregar la información que poseen a sus propios ciudadanos, a menos que exista un motivo específico para no hacerlo. AP ha realizado un experimento muy interesante realizando en una serie de países el siguiente requerimiento: "cifras, nombres y fechas de arrestados y convictos por cargos de terrorismo".
Los resultados varían mucho. En Iberoamérica, por ejemplo, México, Chile, Paraguay, Uruguay y Portugal entregaron esta información; Perú y España entregaron información parcial; Colombia y Bolivia prometieron entregar la información pero no lo hicieron o no entregaron lo que se pedía; Brasil y Venezuela no contestaron; y Argentina denegó el requerimiento.